La Legislatura de Río Negro sancionó el jueves 22 de mayo la ley que ratifica el acuerdo entre el gobierno provincial y el consorcio empresarial VMOS S.A., destinado a concretar el proyecto Vaca Muerta Oil Sur. La iniciativa contempla la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, y una terminal de almacenamiento y despacho de crudo en Sierra Grande.
La ley fue aprobada por mayoría, con 39 votos afirmativos y cinco negativos. Entre los legisladores que votaron en contra se encuentran Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Ana Marks, Daniel Belloso y Leandro García. El resto de los bloques expresó su respaldo al proyecto, aunque algunos lo hicieron con observaciones y pedidos de ajustes futuros.
Según los fundamentos presentados por el Ejecutivo y defendidos en el recinto, el acuerdo con VMOS —integrado por YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Gas y Petróleo del Neuquén— prevé ingresos para la provincia por al menos 1.000 millones de dólares en un período inicial de 13 años. El paquete incluye un aporte único de 60 millones de dólares, pagos anuales por 40 millones, cánones, tasas ambientales, de control y fiscalización, además de ingresos brutos proyectados por unos 18,5 millones de dólares anuales.
El legislador Lucas Pica (JSRN) defendió el proyecto como un cambio estructural en la matriz productiva provincial y señaló que el acuerdo garantiza que los conflictos contractuales se resuelvan en tribunales locales. También remarcó que el 5% del aporte inicial de 60 millones será destinado a Sierra Grande.
Desde la oposición, algunos cuestionaron la magnitud de los beneficios para la provincia frente a la envergadura del proyecto. El legislador Luciano Delgado Sempé (PJ) consideró que el monto destinado a Sierra Grande era insuficiente y propuso una modificación para aumentarlo, que no prosperó. En la misma línea, Odarda y Spósito calificaron los aportes como “migajas” y alertaron sobre posibles impactos ambientales negativos en la costa atlántica, especialmente en actividades vinculadas al turismo y la pesca.
Otros bloques, como el PRO, acompañaron el proyecto, pero pidieron mayor transparencia en los mecanismos de control. Juan Martín, presidente del bloque, solicitó que los municipios reciban una parte de los ingresos y reclamó una integración más equitativa de sectores políticos en las comisiones de seguimiento.
El oficialismo respondió a estas críticas defendiendo la negociación con el consorcio privado. Facundo López, presidente del bloque JSRN, explicó que el acuerdo fue resultado de una negociación “compleja” y que su implementación busca generar condiciones de desarrollo económico para la provincia. Destacó la labor de la secretaria de Energía, Andrea Confini, y del fiscal de Estado en la elaboración del convenio.
El proyecto de VMOS ya cuenta con obras en marcha, y según lo informado en la sesión, hay 500 trabajadores activos en tareas vinculadas al oleoducto y la infraestructura portuaria. También se estableció un plan de monitoreo ambiental que será implementado por universidades rionegrinas, INVAP y otros organismos especializados.
El debate legislativo mostró distintas posiciones sobre la estrategia energética de la provincia y su articulación con el régimen de incentivos a grandes inversiones (RIGI). Mientras sectores del oficialismo lo enmarcaron en un proceso de integración energética nacional e internacional, voces críticas lo vincularon a una posible pérdida de control sobre los recursos naturales.
La sanción de la ley habilita al Ejecutivo a avanzar con la cesión de tierras necesarias para la traza del oleoducto y con la implementación de las condiciones fiscales y regulatorias estipuladas en el acuerdo. La terminal de Punta Colorada busca posicionarse como nodo clave en la exportación de petróleo desde la Cuenca Neuquina hacia mercados externos.
