La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó una reforma profunda en su régimen informativo con la publicación de la Resolución General 5700/2025, que modifica sustancialmente la obligación de solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en las compras realizadas en comercios.
Esta medida eleva el umbral para exigir la identificación del consumidor final, un cambio que unifica y simplifica los criterios vigentes hasta ahora, donde se requería DNI para compras en efectivo superiores a $250.000 y para pagos electrónicos a partir de $400.000.
SIMPLIFICACIÓN Y UNIFICACIÓN DE REQUISITOS
Anteriormente, la normativa diferenciaba los montos según el medio de pago, generando confusión y una carga administrativa significativa para comercios y consumidores.
Con la nueva resolución, ARCA elimina esta distinción y establece un único límite: solo será obligatorio identificar al comprador cuando la operación supere los $10 millones, sin importar si el pago se realiza en efectivo, tarjeta o billeteras virtuales.
Esto implica que para la gran mayoría de las transacciones diarias, los consumidores no deberán presentar su DNI ni otros documentos de identidad.
Desde ARCA, el organismo que dirige Juan Pazo, se explicó que esta medida responde a una política de desburocratización y modernización del sistema fiscal, buscando facilitar las operaciones comerciales y proteger la privacidad de los consumidores.
Pazo destacó que este cambio permitirá a los ciudadanos realizar compras importantes, como un auto o un departamento, sin la obligación de justificar su identidad ante el fisco, lo que fomenta la confianza en el sistema formal.
BENEFICIOS PARA COMERCIOS Y CONTRIBUYENTES
Además de la eliminación del requisito de identificación para compras menores a $10 millones, la resolución amplía el uso del sistema simplificado de facturación conocido como “Facturador”. Ahora, los pequeños contribuyentes podrán documentar operaciones de hasta $500.000 mediante este mecanismo, lo que facilita el cumplimiento fiscal y reduce la burocracia para este segmento.
Para los monotributistas sociales, el límite para usar el “Facturador” se mantiene en $250.000, estableciendo así una diferenciación acorde a la capacidad contributiva y la naturaleza de cada contribuyente.
La Resolución General 5700/2025 también introduce nuevos parámetros para iniciar investigaciones fiscales y la obligación de informar ciertas operaciones financieras. Por ejemplo, para personas físicas, el umbral para activar controles será de transferencias o saldos bancarios superiores a $50 millones, mientras que para personas jurídicas el mínimo se fija en $30 millones. Estos valores también aplican a billeteras virtuales y sociedades de bolsa.
Asimismo, ARCA eliminó varios regímenes informativos considerados obsoletos o de bajo impacto fiscal, como la obligación de reportar consumos con tarjetas o billeteras digitales, operaciones notariales desde $10 millones mediante el sistema CITI Escribanos, la declaración del COTI para publicar propiedades en venta y la obligación de informar expensas desde $32.000. Estas medidas reducen la carga administrativa y agilizan la gestión tanto para los contribuyentes como para los comercios.
Este paquete de reformas representa un avance significativo hacia la simplificación fiscal y la modernización del sistema tributario argentino. Al elevar los montos mínimos para la identificación y reporte de operaciones, ARCA busca focalizar sus controles en sectores con mayor capacidad contributiva, al tiempo que facilita la actividad comercial cotidiana y protege la privacidad de los consumidores.
La eliminación de trámites y la unificación de criterios contribuyen a una mayor eficiencia en la recaudación y un mejor clima para el desarrollo económico, incentivando a los ciudadanos a operar dentro del sistema formal sin sentir una carga excesiva de controles o burocracia
