La tensión en el sistema de salud pública argentino volvió a escalar esta semana, en un contexto marcado por la creciente conflictividad entre gremios estatales y el Gobierno nacional, sumado a la denuncia por la falta de respuestas oficiales ante la situación salarial y las condiciones laborales.
En medio de un escenario sanitario al borde del colapso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó este jueves a un paro nacional con medidas en todo el país.
La protesta fue desencadenada luego del fallido encuentro entre los gremios y representantes del Gobierno en torno a la situación del Hospital Garrahan. Todas estas situaciones motivaron una jornada de lucha que incluye paros, asambleas y movilizaciones en instituciones de salud pública.
Desde ATE señalaron que la medida se lanza como rechazo a la “crisis sanitaria provocada por el desfinanciamiento del sistema”, alertando sobre el éxodo de profesionales y el deterioro de las condiciones laborales. “Los salarios son insuficientes, las paritarias recortan el poder adquisitivo, y las condiciones empujan a la fuga de personal altamente calificado”, expresaron.
En un comunicado, también advirtieron que “las y los trabajadores están siendo amenazados por ejercer su derecho a huelga”, y vincularon esta situación al conflicto del Hospital Garrahan, donde “nuestras infancias corren riesgo de vida”.
EL GOBIERNO ACUSÓ DE “EXTORSIÓN POLÍTICA”
Desde el Ministerio de Salud, la respuesta no tardó en llegar. En un duro comunicado, el Gobierno calificó la protesta como una “extorsión política disfrazada de reclamo” y acusó al gremio de incumplir la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
“La conducta de ATE es grave y deliberada. Negarse a asistir a los pacientes y desoír las instancias legales atenta contra toda norma ética y jurídica”, señaló la cartera que conduce Mario Lugones. Además, remarcaron que “los hospitales nacionales no son campos de batalla gremial” y advirtieron que no permitirán que se perjudique el funcionamiento del sistema sanitario por “intereses propios”.
Finalmente, el Ejecutivo defendió su política sanitaria, afirmando que se avanza en un proceso de “ordenamiento y eficiencia”, y que “cada peso recuperado del despilfarro se destina al personal que cumple, al equipamiento y al cuidado de los pacientes”.
Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
