El gobernador Ignacio Torres envió un proyecto de ley a la Legislatura para prorrogar durante 18 meses la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial.
“Mediante sucesivas leyes sancionadas por la Legislatura Provincial se declaró el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial, estableciendo plazos y una serie de medidas que buscaban, entre sus objetivos declarados, restablecer el equilibrio en las finanzas públicas provinciales”, detalla en sus argumentos el proyecto que ingresó este jueves a la Legislatura.
El mismo texto agrega: “Es responsabilidad de este Poder Ejecutivo Provincial propiciar las medidas que por el presente se sugieren sancionar, entendiendo que ello permitirá contar con las herramientas de política económica y de control de gastos necesarias para mantener el orden económico, administrativo y financiero de la Administración”.
En ese contexto, el proyecto establece una serie de medidas que incluyen, la suspensión de pago y otras contraprestaciones que correspondan a obligaciones contraídas antes del 30 de junio de 2025.
Dentro de esas obligaciones no se incluye el pago de haberes a empleados, prestaciones de ISSyS, obligaciones provenientes del endeudamiento financiero, deudas financieras con el Estado Nacional, deudas con los municipios y las comunas rurales, entre otros ítems que hacen al funcionamiento del Estado provincial.
“Queda expresamente establecido que la precedente declaración no impedirá la realización de negociaciones colectivas previstas en la Ley X N°39, ni las que se lleven a cabo en el ámbito del Poder Legislativo y del Poder Judicial, por cuanto las disposiciones de la presente ley no autorizan en modo alguno la disminución de los rubros salariales ordinarios devengados de manera mensual
y habitual que integran la remuneración de los empleados públicos”, agrega el texto.
Por el contrario, el proyecto sí determina que queden suspendidas las ejecuciones de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que condenen al “Estado Provincial” al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero.
“El incumplimiento por parte del magistrado será tomado como causa de mal desempeño de sus funciones, debiéndose girar la actuación o poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura dicha circunstancia, para que aborde las responsabilidades disciplinarias correspondientes”, señala el texto del proyecto de ley.
Por otra parte, y también suspende los ingresos al Estado, a excepción de los casos en los que se require cubrir una vacante. También dispone límites a las asignaciones familiares: “Establézcase la readecuación de los límites máximos en la liquidación y pago de las asignaciones familiares para sujetos activos y pasivos en la Provincia del Chubut, que serán cobradas mes a mes por los trabajadores asalariados formales y pasivos que perciban mensualmente hasta cinco (5) SMVM (salario mínimo vital y móvil), siempre que el ingreso total del hogar no supere los diez (10) SMVM en bruto, a excepción de las asignaciones por hijo con discapacidad”.
