Siete personas acusadas de cometer estafas virtuales en Chubut evitarán el juicio penal tras llegar a un acuerdo para reparar el daño causado. Así lo resolvió la jueza Karina Breckle durante una audiencia preliminar desarrollada este lunes en la Oficina Judicial de Rawson, donde se concedió la suspensión del juicio a prueba por un periodo de tres años.
Los imputados deberán abonar 100 mil pesos cada uno en concepto de reparación económica. La mayoría de ellos reside en la provincia de Córdoba y estaban acusados por delitos de estafa bajo modalidad virtual. Inicialmente también se les había imputado el delito de asociación ilícita, aunque esa figura quedó descartada en la audiencia.
Durante el encuentro, el abogado defensor propuso que sus representados accedieran al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, lo cual fue aceptado por el fiscal Fernando Rivarola.
Además del pago, los imputados deberán cumplir con pautas de conducta habituales en este tipo de causas.
Según lo expuesto por la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados ocurrieron en el año 2022. En ese período, los acusados realizaron llamadas telefónicas al azar, contactando a víctimas de distintas provincias, entre ellas Chubut. Se hacían pasar por empleados de la empresa Mercado Pago y, mediante engaños, solicitaban a las personas que descargaran en sus celulares la aplicación Team Viewer Quick Support, un programa que permite acceso remoto a los dispositivos.
Una vez instalada la aplicación, los estafadores guiaban a las víctimas para que abrieran sus cuentas bancarias o billeteras virtuales. Gracias al control remoto y al uso de técnicas de manipulación, lograban hacerse con las credenciales de acceso o inducían a las víctimas a tomar préstamos y transferir fondos a cuentas pertenecientes a los miembros de la organización.
Además, cada uno de los imputados había abierto cuentas bancarias o billeteras virtuales a su nombre para facilitar el circuito del dinero robado. De esa forma, organizaban la distribución de los fondos sustraídos y su posterior utilización en beneficio del grupo.
La decisión judicial permite cerrar esta etapa del proceso con una reparación económica para las víctimas, aunque sin una sentencia penal firme para los acusados. Ahora, cada uno de ellos tendrá 30 días para cumplir con el pago dispuesto por la jueza. En caso contrario, podrían perder el beneficio y enfrentar el juicio correspondiente.