La Asociación Bancaria lanzó un plan de lucha nacional contra el Banco Santander en Argentina, denunciando una política sistemática de despidos arbitrarios, achiques y cercenamiento de derechos laborales que afecta a cientos de trabajadores en todo el país.
La medida, formalizada a través de un comunicado oficial, se enmarca en el “estado de alerta y movilización” dispuesto por el gremio ante la falta de respuestas por parte de la entidad financiera, filial del grupo español Santander.
LA ASOCIACIÓN BANCARIA DENUNCIÓ DESPIDOS MASIVOS EN EL BANCO SANTANDER
Banco Santander es una de las entidades financieras más importantes del país, con más de 5.000 empleados, 262 sucursales y una amplia red de cajeros automáticos. La crisis laboral en la entidad no solo afecta a los trabajadores, sino que también genera preocupación en los clientes y en la comunidad financiera en general, debido a la posible reducción de servicios y cierre de sucursales.
El plan de lucha de La Bancaria representa un desafío significativo para el banco y un llamado de atención sobre las condiciones laborales en el sector financiero argentino, en un contexto donde la defensa de los derechos laborales se vuelve central frente a las políticas de ajuste y despidos masivos impulsadas por algunas empresas multinacionales.
El conflicto escaló tras una masiva asamblea realizada en la sede central del banco, el Edificio Garay, en el marco del 52° Congreso Nacional Bancario. En esta reunión participaron delegados, congresales y trabajadores de todo el país, quienes expresaron su rechazo a las prácticas laborales del banco y decidieron iniciar un plan de lucha que incluye asambleas y movilizaciones progresivas
La Asociación Bancaria, liderada por el secretario general Sergio Palazzo, denunció que Banco Santander lleva adelante una política de ajuste que incluye presiones para que los empleados firmen desvinculaciones forzadas y despidos sin causa mediante telegramas, lo que califican como “avasallamientos” y “aprietes”.
Según datos del sindicato, solo en el último año se habrían producido más de 300 desvinculaciones bajo estas condiciones, y a nivel nacional la cifra de despidos supera los 1500, lo que genera una profunda preocupación en distintas regiones, como Comodoro Rivadavia, donde temen incluso el cierre de sucursales.
CONTRADICCIONES CON LA POLÍTICA INTERNACIONAL DEL BANCO
El gremio subraya la contradicción entre los discursos públicos de la presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín, en España, donde promueve el “compromiso con el progreso de las personas” y la “reconversión laboral”, y la realidad que viven los trabajadores argentinos, donde se aplican despidos masivos y se recortan derechos laborales sin diálogo ni negociación. En palabras del sindicato:
“Mientras en España Ana Botín habla de compromiso con el progreso de las personas, en Argentina aprietan para que se firmen desvinculaciones o despiden directamente por telegrama”.
Como parte del plan de lucha, la Asociación Bancaria anunció un calendario de acciones que afectarán la atención al público en todo el país:
* Martes 8 de julio: asambleas en las últimas 2 horas de atención al público.
* Martes 15 de julio: asambleas en las últimas 3 horas de atención al público.
* Jueves 17 de julio: movilización masiva a la Embajada de España en Buenos Aires, para visibilizar el conflicto y exigir respuestas concretas.
El gremio advirtió que, de no obtener respuestas favorables, profundizarán las medidas hasta alcanzar una solución justa y satisfactoria, que incluya la reincorporación de los trabajadores despedidos y el cese de las prácticas coercitivas dentro del banco.
DENUNCIAS Y CRÍTICAS AL ACCIONAR DEL BANCO Y EL ESTADO
Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, realizó duras críticas contra la cúpula del Banco Santander y cuestionó la falta de intervención del Ministerio de Trabajo, sugiriendo posibles vínculos familiares que podrían estar obstaculizando la convocatoria a una mesa de diálogo. Palazzo denunció que el banco busca “quebrar la voluntad” de los trabajadores no solo de Santander, sino de todo el sistema financiero, imponiendo un modelo de relaciones laborales basado en la presión y el ajuste.
Además, el sindicato acusa al banco de incumplir el convenio colectivo de trabajo 18/75, de cerrar sucursales y de aplicar un ajuste “salvaje” que afecta no solo a los empleados sino también la calidad del servicio bancario en Argentina.
BANCARIOS DE COMODORO EN ALERTA
La situación de los trabajadores bancarios en Comodoro Rivadavia atraviesa momentos de tensión y alerta. El pasado viernes se llevó adelante una medida de fuerza en el ingreso del Banco Santander, tras el despido de una trabajadora con apenas 9 meses de antigüedad. La protesta incluyó batucada y asamblea interna en la sucursal, aunque no impidió el ingreso de clientes, aseguraron desde el gremio.
Jorge Uliarte, referente local de la Asociación Bancaria, explicó que “se notificó formalmente la desvinculación. En principio era solo una compañera, pero también había intenciones de despedir a un trabajador con mucha antigüedad. Ante el conflicto que se generó, el banco retrocedió y suspendió esa decisión”.
Aunque la medida se centra en el Santander, Uliarte advirtió que la conflictividad no es aislada y que forma parte de un ajuste sistemático en la banca privada nacional e internacional, que se refleja en despidos recientes en distintas ciudades del país.
“En Bahía Blanca echaron cuatro trabajadores en dos días, y en Santa Cruz cerraron una sucursal del Banco Hipotecario. Los bancos vienen con políticas claras de achique. Dicen que hay gente que sobra, que tienen que optimizar costos. Pero lo cierto es que están echando a laburantes como si nada”, denunció en diálogo con ADNSUR.
El sindicalista remarcó que el conflicto no se reduce a una cuestión local, sino que hay un plan nacional de lucha en marcha, con nuevas medidas previstas para la próxima semana.
“Estamos en alerta permanente. El martes va a haber una nueva asamblea nacional. Esto recién empieza. Los bancos están tomando decisiones que vienen desde afuera, sobre todo la banca extranjera. Si no les gusta el ruido, amenazan con cerrar y que se haga cargo el Estado”, afirmó Uliarte.
