El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo que condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF, presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. en el que aclara que no tiene interés en tener participación en la petrolera.
La presentación se dio en el marco del pedido del Gobierno argentino para suspender la ejecución de la sentencia mientras avanza la apelación. Burford se opuso y reclamó que, en caso de habilitarse la apelación, se le exija a la Argentina una garantía económica.
El exprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, explicó que el fondo, consciente de que la Cámara podría fallar a favor del país, planteó como alternativa que el expediente vuelva al juzgado de primera instancia para definir una garantía “menos onerosa”, aunque sin precisar detalles sobre esa opción.
El exfuncionario recordó que tras la sentencia de US$16.000 millones en 2023, Burford ya le había pedido a Preska que le fijara una garantía a la Argentina para que pudiera apelar el fallo por la expropiación ante los tribunales superiores. Ese expediente se tramita también en la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York.
Y en este marco, recordó que en ese momento, los demandantes reclamaron -y Preska consideró razonable- que la Argentina pusiera como garantía la mitad de las acciones de YPF en poder del Estado y además cediera los derechos de una supuesta deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por US$2.000 millones, que se arrastra de la época de la construcción de la represa binacional.
Es la primera vez que los demandantes manifiestan de forma explícita, en un escrito judicial, que no tienen interés en quedarse con acciones de YPF. La aclaración resulta llamativa, ya que fue el propio fondo Burford quien, desde 2023, insistió ante la jueza Loretta Preska con pedidos para ejecutar la sentencia mediante la entrega de esos activos, lo que llevó el caso hasta la Corte de Apelaciones.
“No desean administrar una petrolera y buscarán la mejor manera de devolver las acciones. Pero no desean que la Corte de Apelaciones permita al país apelar sin depositar una garantía. Se abre una vía alternativa no contemplada hasta esta madrugada”, consideró Sebastián Maril, de Latam Advisors.
CUÁLES SERÁN LOS PASOS A SEGUIR
El Departamento de Justicia de EE.UU. apoyó a la Argentina ante la Corte de Apelaciones. En el escrito de “amicus curiae”, el gobierno de EE.UU. planteó “su interés en la aplicación correcta de los principios de inmunidad soberana” y que las cuestiones involucradas en el caso “tienen implicancias significativas para la política exterior de los Estados Unidos y pueden afectar el tratamiento recíproco de los EE.UU. y sus bienes en las cortes de otras naciones.”
El proceso ante el tribunal de alzada está en tiempo de descuento. Ahora se espera que la Argentina presente en esa instancia sus argumentos sobre la importancia de suspender la entrega de acciones mientras se sustancia el proceso, según publica TN.
Ese escrito de los abogados argentinos se espera para como máximo el 22 de julio. Después de eso, la Corte de Apelaciones está en condiciones de aceptar o rechazar el planteo de la Argentina.
Si avala el pedido argentino, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la apelación contra su sentencia de fondo, que fijó una condena de US$16.100 millones.
La Cámara todavía no estableció la fecha de audiencia y no se espera una definición de fondo antes de 2026. En tanto, si el tribunal rechaza el pedido argentino, volverá a regir la orden de entrega de las acciones.
