Luego de entregarse días atrás, tras permanecer más de un año en rebeldía, Cruz Ernesto Cárdenas deberá responder ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, en una instancia que se iniciará el próximo lunes a las 9 de la mañana.
El referente mapuche está acusado de usurpar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, provocar daños e incendios y de protagonizar ataques contra guardaparques. La fiscalía federal solicitó su elevación a juicio oral el 28 de abril de 2023, pero su rebeldía demoró el proceso hasta ahora.
Según el requerimiento fiscal, al que accedió ADNSUR, la causa involucra al propio Cárdenas y a María Belén Salinas, en el marco de una serie de episodios ocurridos entre enero de 2020 y julio de 2021, manteniendo la usurpación hasta el 9 de enero de este año, cuando fueron desalojados por la fuerza pública.
Se trata de un conflicto que se inició con la ocupación del Lote 4, en la Seccional El Maitenal, y se fue agravando con hechos de violencia y sabotajes denunciados por las autoridades del Parque.
Tras entregarse el pasado martes 29 de julio, Cárdenas quedó detenido y afrontará el juicio en esa condición, iniciándose este lunes 4 de agosto, con audiencias previstas hasta el próximo viernes 8 inclusive.
USURPACIÓN, ATAQUES Y SABOTAJES
El primer hecho que imputa la fiscalía corresponde a la ocupación irregular del mencionado lote, ubicado dentro de una reserva natural protegida. Según el expediente, Cárdenas y otras personas ingresaron al predio el 22 de enero de 2020 y colocaron obstáculos en los accesos, como troncos y alambres. También se denunciaron agresiones con piedras a una camioneta de Parques Nacionales y la instalación de banderas mapuches en la zona ocupada.
La fiscalía afirma que el terreno estaba bajo plena posesión del Estado desde 1999, cuando se reubicó a la familia de los antiguos pobladores. A pesar de ello, la comunidad Lof Pailako Futalaufquen Mew —a la que pertenece Cárdenas— reclamó el lugar como parte de su territorio ancestral, aunque el informe oficial señala que no está registrada ni reconocida por el INAI.
El segundo hecho apunta a un ataque ocurrido el 9 de septiembre de 2020. Cárdenas y otros dos encapuchados habrían arrojado piedras a los guardaparques Danilo Hernández Otaño y Javier Montbrun, dañando una camioneta oficial. Los agresores habrían actuado para “impedir el cumplimiento de funciones públicas”, según la acusación.
Otro episodio relevante es el incendio del puente de madera sobre el arroyo Cascada, ocurrido el 10 de julio de 2021. El hecho inutilizó completamente una vía clave para conectar Villa Futalaufquen con la Ruta Provincial 71. Según testigos, fue la tercera vez que ese puente fue incendiado. Ese mismo día, se denunció un intento de agresión a la guardaparque María Laura Fenoglio, quien fue atacada con piedras e insultos por un grupo que, según la fiscalía, incluía a Cárdenas y Salinas.
LA POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La fiscalía considera que las acciones de Cárdenas configuran los delitos de usurpación, daños agravados, atentado contra la autoridad y lesiones en grado de tentativa. En todos los casos, se subraya el uso de violencia y la afectación de bienes públicos.
“El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas no habilita la vía de hecho”, sostiene el requerimiento, que también destaca que los puentes y vehículos dañados son considerados bienes de uso público.
Además, se resalta que los ataques a los guardaparques fueron cometidos por grupos de más de tres personas, lo que agrava las figuras penales aplicables.
UN CONFLICTO SIN RESOLUCIÓN INSTITUCIONAL
El conflicto entre la comunidad Lof Pailako Futalaufquen Mew y Parques Nacionales no pudo resolverse por vías institucionales, pese a la intervención del Ministerio de Justicia, el INAI y otros organismos. Desde la comunidad, se reivindicó públicamente la ocupación de tierras como parte de una acción de “recuperación territorial” y se denunció la “injerencia del winka” (no indígena) a través de Parques Nacionales.
En un comunicado difundido en 2020, la lof defendió la autodefensa y el “control territorial” como formas de sostener sus reclamos. Sin embargo, la Justicia sostiene que los hechos exceden cualquier protesta legítima y configuran delitos penales graves.
Tras la reciente entrega de Cruz Cárdenas, el proceso judicial se encamina hacia el juicio oral, con un cúmulo de pruebas que incluyen testimonios, peritajes y registros oficiales. El avance del expediente podría marcar un precedente en el tratamiento de conflictos por tierras en zonas protegidas del país.
