El caso por la muerte de 96 personas a raíz del consumo de fentanilo contaminado sumó en las últimas horas una nueva prueba clave: los explosivos chats internos entre empleados, directores técnicos y responsables de los laboratorios investigados.
Los mensajes, incorporados a la acusación del Ministerio Público Fiscal, reflejan con crudeza cómo se manipulaban sustancias vencidas, se escondían insumos antes de las inspecciones oficiales y se elaboraba documentación retroactiva para simular controles de calidad que nunca existieron.
La investigación recae sobre el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, y su entorno familiar, además de directores técnicos y personal jerárquico de Laboratorios Ramallo SA. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, instruye la causa, mientras que la fiscal federal Laura Roteta remarcó en sus dictámenes las irregularidades detectadas en los dispositivos incautados a los imputados.
Entre los mensajes recuperados a los que pudo acceder Infobae, uno de los más llamativos se registró el 8 de marzo de 2025, cuando trabajadores advertían: “Escondan todos los reactivos vencidos”. La orden se dio horas antes de una inspección del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT. Los químicos fueron sacados de las áreas habilitadas y dejados a la intemperie, bajo la lluvia y el calor, generando riesgo de descomposición o incluso explosión. “Pudo haber explotado eso tranquilamente”, reconoció uno de los técnicos en el grupo de WhatsApp.
Los chats también describen cómo, con la llegada de inspecciones, se pintaban paredes y pisos deteriorados para simular condiciones sanitarias. En paralelo, se hablaba de lotes de fentanilo que habían “dado mal” en los análisis, con pedidos urgentes para repetir ensayos o reconstruir documentación inexistente. La práctica, según admitían los propios empleados, consistía en “armar todo de cero” después de la fabricación y “dibujar” datos en los batch records, registros que deberían garantizar la trazabilidad de cada medicamento.
La acusación fiscal es categórica: los imputados intervinieron en la fabricación, distribución y venta de fentanilo adulterado en los lotes 31202 y 31244, que provocaron las muertes. Además, ignoraron órdenes de retiro del mercado de ANMAT, manipularon sustancias sin condiciones mínimas de seguridad y falsificaron documentación. También se hallaron sellos oficiales en vehículos vinculados a la causa, sin justificación legal para su uso.
El material secuestrado evidencia que los directivos recibían avisos previos sobre inspecciones de la ANMAT, cuando deberían ser sorpresivas. “Me llamó Diego (García) y me dijo que la semana que viene hay inspección desde ANMAT”, dice uno de los chats resaltados por la Fiscalía. Ante esas alertas, la orden era clara: ocultar solventes, esconder insumos vencidos y preparar “de apuro” la documentación que simulaba trazabilidad y calidad.
Uno de los intercambios más graves se produjo el 26 de diciembre de 2024, apenas ocho días después de que se fabricara el lote de fentanilo contaminado. Allí se leía: “El fentanilo dio mal, hay que repetirlo mañana. Usen el último registro que ingresó”. Ese mensaje deja en evidencia que los controles se manipulaban cuando la producción ya estaba en marcha, y que parte de la documentación fue elaborada a posteriori del escándalo.
Incluso después de que el Hospital Italiano de La Plata denunciara que varios de sus pacientes habían muerto tras recibir fentanilo de Ramallo, los chats internos mantenían el mismo tono: preocupación por las inspecciones y la necesidad de “guardar bien los solventes”, antes que por el daño a los pacientes. “Nadie entiende nada, pero puede ser real la contaminación como dicen en las noticias”, escribió uno de los trabajadores, relativizando la magnitud de la tragedia.
El expediente judicial incluye además mensajes posteriores a la prohibición de producción en ampollas plásticas, donde los empleados reconocen que las unidades serían etiquetadas con lotes viejos para disimular irregularidades. Una maniobra que, de confirmarse, sumaría delitos de falsificación y encubrimiento.
La causa describe un modus operandi sostenido en la improvisación, el ocultamiento y el fraude documental. El propio farmacéutico Wilson Daniel Pons, entonces director técnico, llegó a admitir en un mensaje a una colega: “La verdad que es lamentable lo de producción, hasta que no pase algo grave, parece que no van a escarmentar”. La frase, escrita meses antes de que se conociera el número real de muertes, hoy suena profética.
El proceso judicial avanza con imputaciones por estrago doloso, homicidio con dolo eventual, falsificación de documentos y violaciones a la Ley de Medicamentos. Para la Fiscalía, los chats no dejan dudas: el personal directivo y técnico sabía de las irregularidades, tomó medidas para ocultarlas y permitió que los lotes contaminados llegaran a los hospitales. Una cadena de negligencias y delitos que terminó con la vida de casi un centenar de personas.
