La investigación conocida como Emergencia Climática II de Comodoro Rivadavia se originó en la sentencia del juicio que culminó en agosto del año pasado, cuando el tribunal que dictó sentencia sobre ex secretarios municipales y directivos de empresas ordenó remitir copias de la misma hacia la Procuración General de la Provincia.
El objetivo fue que dicho estamento ordene la instrucción de “las investigaciones que estime pertinentes” con relación a otros posibles implicados, entre los que se cuentan los contadores Israel Coen y Germán Issa Pfister, además del empresario Lorenzo Astiz.
La sospecha es más extensa. Según se lee en la sentencia firmada por los jueces Martín Cosmaro, Carlos Tedesco y Mariano Nicosia, el listado de nombres en esa segunda causa incluye a Ángel Zanotti, Luciano Soto, Pablo Menor, Marcelo Monsalve, Jeremías Moreno, Hernán Sáez Rubén De Vadillo y José Garrido, además de los nombrados y del propio Abel Boyero, condenado en causa Emergencia 1, cuya resolución definitiva está pendiente en el Superior Tribunal de Justicia.
Hay que aclarar que la mención en la sentencia no significa una condena para los nombrados, sino un pedido para que la Procuración General abra la investigación que considere pertinente, “en orden a la eventual comisión por los nombrados de los delitos de Falso Testimonio, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Exacciones Ilegales, Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de Función Pública, o cualquier otro cuya ocurrencia constaten las pruebas recibidas en autos, y promueva la persecución penal de sus responsables (artículos 18, 112 y concordantes del CPP; 275, 174 inciso quinto, 265, 266 y 268 del CP)”.
LOS ELEMENTOS QUE APUNTALAN LA SOSPECHA: ENMIENDAS EN LA DOCUMENTACIÓN Y UN CABALLO DE CARRERA EN COMÚN
El criterio que llevó a los jueces a sugerir esta nueva investigación se pueden leer en la página 254 de la sentencia, en la que los magistrados del tribunal indican que el fiscal Cristian Olazábal destacó (durante el juicio) “el vínculo de Astiz con el asesor letrado del municipio -algo que el propio Criado Arrieta reconoció (dijo que el acusado era como su hermano menor)- y apuntó a las enmiendas y correcciones que Astoil presentó, algo que no era tolerado en otros casos, pero que aquí los mecanismos de control permitieron pasar, destacando la función que tuvo Issa Pfister en estos casos”.
En el escrito judicial se lee otro detalle pintoresco, que involucra al exintendente Carlos Linares, aunque en este caso no para apuntalar una sospecha de delito, pero sí como reflejo de la cercanía del empresario con el gobierno municipal.
“También señaló (el fiscal) la íntima amistad que tenía (Astiz) con el intendente Linares, ofreciendo prueba que dio cuenta que en el año 2019 ambos formaban parte de un grupo de WhatsApp en el que se comunicaban para saber el desempeño de un caballo de carreras que sería de ellos y que corría en Buenos Aires, poniendo finalmente de relieve comunicaciones que el Lic. G.F extrajo del teléfono celular de Astiz con un sujeto agendado como ‘srael MCR’, sosteniendo el Fiscal que se trataba de Israel Cohen, por entonces secretario de Recaudación municipal”, detallaron los jueces.
PEDIDOS POR CELULAR: ¿HABLABAN DE RETORNOS?
La sentencia conocida en agosto del año pasado aporta más elementos que apuntalan la sospecha sobre posibles pedidos de retornos entre funcionarios y empresarios vinculados a la actividad.
Se transcriben a continuación párrafos textuales de la sentencia, que en la misma página 254, expone: “En estos audios extraídos de la aplicación WhatsApp del teléfono de Astiz, en fecha 18 de junio de 2019, se pudo apreciar que esta persona -en referencia a ‘Israel MCR- le consultaba al acusado si ‘…¿pudiste comunicarte con la gente de Golfo?…’, para luego decirle ‘…yo todavía estoy igual que el viernes, ahora yo voy a llamar a D. Querías saber si vos habías hablado algo con los de Golfo para buscar como… con buenos tratos, si ya están al tanto…’ (SIC); mientras que en el segundo audio refiere ‘…y con el de Vial de Patagonia, te acordás que yo te dije que me dijo como que no podía, o sea, ni siquiera me dijo otro monto… me dijo no, eso ni loco, quiero hablar con vos, pero el tema es que para poder hacerse el tonto se va a hacer el tonto.. vos me avisás, ¿podés hablar? O cómo avanzamos, pero los números estaban bastante justitos…”.
El relato sigue y alude a la necesidad de reunirse, en tanto Astiz reclama que hablen directamente las partes involucradas (para no actuar como intermediario o “psicólogo”, según expresa), a lo que el supuesto funcionario “Isra MCR” responde : “…dale Juli, nos juntamos, Germán no está… no está tal mal… te soy sincero, lo toco de oído, lo que me dijo Ger eran rejuntes que normalmente las contructoras lo manejás vos, así que vos después pásame el contacto, pero bueno, nos juntamos y vemos cómo lo hacemos, la realidad es que yo ni lo conozco al flaco, así que no puedo hacer mucho más que decirle eso, decirle mirá… es así, es lo que me dijeron de arriba, pero después no tengo mucho más para hacer…”.
Según apuntan los jueces en la sentencia, “el Sr. fiscal general concluyó que estos audios hacían referencia al modo en que se exigían retornos a los empresarios locales, siendo el atribuido un engranaje clave. Además, sostuvo que la persona a la que se hacía referencia que estaba más arriba era el intendente Carlos Linares, y que al referirse a Germán, estaban hablando de Germán Issa Pfister, responsable de la cartera de economía en esa época y que fuera sobreseído en una etapa anterior en este proceso”.
En el mismo escrito, se plantea una nueva investigación del fiscal, por la comisión de otros posibles delitos, en tanto “una investigación seria y orientada a determinar si las personas nombradas habrían recibido retornos de dinero de manera ilegítima podría llegar a tener los resultados que espera”.
Ahora, al parecer, algunos de estos elementos son los que orientaron los allanamientos realizados este miércoles en Comodoro.
