El Poder Judicial de Chubut ordenó allanamientos a exintegrantes de la gestión de Juan Pablo Luque, exintendente y actual candidato a diputado nacional. La investigación apunta al presunto desvío de fondos destinados a la emergencia climática de 2017.
La Justicia de Chubut abrió un nuevo capítulo en torno a la gestión del exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, tras ordenar allanamientos en domicilios y oficinas vinculados a exfuncionarios de su administración. El procedimiento se enmarca en la causa “Emergencia Climática II”, que investiga presuntas maniobras de corrupción con recursos públicos.
El fiscal Cristian Olazábal confirmó que los operativos se realizaron este miércoles y alcanzaron a integrantes del círculo de mayor confianza del exjefe comunal, actual candidato a diputado nacional por Chubut.
Entre los lugares allanados estuvo el domicilio del exsecretario de Economía municipal Germán Issa Pfister, señalado como uno de los funcionarios más cercanos políticamente a Luque y de rol clave en el organigrama municipal.
Los detalles de los procedimientos
Durante una conferencia en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, el fiscal Olazábal explicó: “Se han llevado a cabo medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales, registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos que son útiles a la investigación”.
Los procedimientos se concentraron en la búsqueda y secuestro de equipos informáticos, celulares y documentación vinculada a la causa. “El porqué o el para qué lo secuestré no lo puedo decir, porque quiero preservar la investigación”, aclaró Olazábal ante las consultas.
La noticia generó impacto político en la provincia, tanto por la cercanía de los investigados con Luque como por el actual contexto electoral.
En sus redes sociales, el exintendente consideró lo sucedido como una “persecución política disfrazada de justicia” y aseguró que se trata de una maniobra para reabrir una causa y mantener “un manto de duda” sobre su entorno en plena campaña.
Origen de la causa
La investigación judicial tiene su raíz en el temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia, que provocó evacuaciones masivas y daños millonarios. En ese contexto, el municipio destinó fondos para obras y asistencia que, según la Justicia, fueron objeto de irregularidades.
“Nosotros iniciamos el juicio el 9 de mayo de 2024. Lo culminamos el 29 de agosto de 2024. Es decir, en cuatro meses transitaron 120 testigos por la oficina judicial”, recordó Olazábal.
En 2024 la Justicia provincial condenó a varios exsecretarios municipales, entre ellos Abel Boyero y Rubén Palomeque, además de inspectores comunales acusados de falsificación de partes y cobros indebidos. También resultaron condenados cuatro empresarios por contrataciones irregulares.
El proceso judicial incluyó apelaciones y revisiones en la Cámara Penal, y actualmente se encuentra en evaluación por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
Consecuencias políticas y judiciales
“A fines de diciembre de ese año, los condenados recibieron arresto domiciliario y luego fueron liberados por revisión judicial”, detalló el fiscal. Y agregó: “Si aquel 30 de diciembre de 2024 yo no hubiera solicitado la libertad de estas personas, hoy hubieran descontado nueve meses de prisión”.
Desde el gobierno provincial, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, respaldó el accionar fiscal y cuestionó los tiempos judiciales: “Era muy obvio que querían licuar la pena y les salió mal. No entiendo por qué tanta dilación. Insumió más tiempo en responder esta impugnación extraordinaria que el juicio, que fue muy complejo”.
La causa “Emergencia Climática II” surge de nuevos elementos detectados por la Procuración General durante el primer juicio. Esa información derivó en la decisión de impulsar nuevas pesquisas y ordenar los allanamientos realizados esta semana.
Hasta el momento, no se difundieron imputaciones formales. La Justicia mantiene bajo reserva las pruebas incautadas y el eventual llamado a declaración de los exfuncionarios involucrados. Según Olazábal, los investigados “son personas vinculadas a en aquel entonces funcionarios que integraban la municipalidad de Comodoro Rivadavia”.
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