La situación de los jubilados en Argentina sigue siendo de alta vulnerabilidad económica, especialmente para quienes cobran la jubilación mínima. A pesar de los incrementos periódicos en los haberes, la pérdida del poder adquisitivo debido a la inflación sostenida dificulta que puedan cubrir sus necesidades básicas, como alimentos, medicamentos y servicios.
Esta realidad se agrava cuando se enfrentan a descuentos no autorizados o cargos indebidos aplicados por entidades financieras, lo que reduce aún más sus ingresos y afecta directamente su calidad de vida.
Además, muchos jubilados carecen de acceso a información clara y asesoramiento adecuado para defender sus derechos frente a prácticas abusivas en el sistema financiero. Esto los vuelve propensos a ser víctimas de cobros injustificados por seguros, “paquetes” o productos asociados a créditos que no solicitaron.
UNA JUBILADA DENUNCIÓ A UN FAMOSO BANCO ARGENTINO POR DESCUENTOS “SILENCIOSOS”
Esta semana, y de acuerdo con lo que señaló 0223, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, liderada por Guido Lorenzino, recibió un reclamo grave que expone una situación recurrente y preocupante para quienes cobran la jubilación mínima en la provincia. Una jubilada denunció que durante tres meses consecutivos vio reducidos sus haberes a menos de 100.000 pesos al momento de retirar su prestación en ventanilla.
La investigación posterior reveló que el Banco Industrial le había aplicado cargos indebidos, incluyendo descuentos por seguros no solicitados, asociados a préstamos otorgados por la propia entidad.
El área de Consumidores de la Defensoría analizó el caso con detalle y constató que la beneficiaria no solo enfrentaba descuentos por créditos que había tomado anteriormente, sino que también se le aplicaban cargos por supuestos “paquetes multibeneficios” y seguros accesorios que nunca solicitó ni autorizó. Estos cargos extras, ocultos bajo diferentes conceptos, reducían significativamente su ingreso mensual, afectando su bienestar económico de manera directa.
Soledad Polito, representante del área de Consumidores, manifestó la gravedad de la situación: “Nos encontramos con múltiples cobros por servicios que la usuaria nunca solicitó. Se trata de una práctica abusiva que ya había sido advertida y sancionada, pero que el banco sigue repitiendo. No puede ser que se siga estafando así, aprovechándose de personas tan vulnerables como nuestros jubilados”. Esta declaración subraya la continuidad de un mecanismo perjudicial para los sectores más indefensos de la población.
LOS GRAVES ANTECEDENTES
Este tipo de prácticas comerciales no es nuevo para el Banco Industrial y ya había sido penalizado en el año 2021. En ese entonces, la Defensoría presentó un reclamo en la delegación ubicada en Azul y el banco fue multado con un monto total de 9.000.000 de pesos por la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores. A pesar de esta multa, se evidencia que las irregularidades persisten, y el actual caso no es un hecho aislado sino parte de una conducta reiterada.
Según explicó Polito, tras analizar este reclamo llegaron cinco casos más con denuncias similares: “Esto es una práctica habitual del banco. El plan de la Defensoría es primero trabajar individualmente los reclamos que lleguen, pero nuestra idea es volver a hacer una acción colectiva como la que hicimos hace 4 años”. El organismo busca no solo resolver estos casos puntuales, sino impulsar una intervención conjunta que frene estas conductas y proteja a los jubilados y consumidores en general.
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
La Defensoría recordó que las entidades financieras no pueden imponer la contratación de seguros o servicios adicionales como condición para otorgar un préstamo, ni aplicar cargos ocultos bajo conceptos accesorios. Además, está prohibido que cobren aranceles por proporcionar información o por la baja de un crédito. Por otra parte, deben entregar gratuitamente una copia de la solicitud cuando el cliente la solicite, garantizando transparencia y respeto hacia los usuarios.
Estas normativas buscan evitar prácticas comerciales abusivas y proteger a quienes acceden a créditos, especialmente a sectores vulnerables como los jubilados. Sin embargo, esta reiterada problemática evidencia que algunas entidades financieras no están cumpliendo con estas obligaciones básicas ni respetando las normativas vigentes.
La Defensoría del Pueblo de Buenos Aires puso a disposición diferentes vías para que los usuarios puedan denunciar situaciones similares y recibir asistencia o asesoramiento:
* WhatsApp disponible las 24 horas al número 221 358 1323
* Teléfono gratuito 0800 222 5262
* Redes sociales: @defensoriapba
Esta apertura busca incentivar que más personas que hayan sufrido descuentos indebidos o cobros no autorizados puedan reclamar y exigir sus derechos ante el organismo.
